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La lucha contra este flagelo requiere de la cooperación de todos los sectores de la sociedad: desde los gobiernos hasta cada individuo.

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Tanto la venta como la distribución de sustancias ilegales se consideran delitos contra la salud pública.

La jurisprudencia ha determinado que el bien jurídico protegido por el delito de tráfico de drogas es la salud pública. Cuando las drogas se cultivan para el estricto consumo individual, en cantidad check here mínima suficiente sólo para el propio consumidor, no se pone en peligro este bien jurídico.

Los delitos contra la propiedad son castigados con sanciones que van desde multas hasta penas de prisión.

La agresión sexual supone un grave atentado contra la libertad sexual. Es fundamental sensibilizar a la sociedad sobre la trascendencia de respetar la libertad sexual.

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Il codice penale italiano è stato approvato nel 1930 e ha subito numerose modifiche nel corso degli anni for every adeguarsi alle mutate esigenze della società.